Por Andrea Madero
La pandemia por Coronavirus está poniendo en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Si bien no forman parte de los grupos de riesgo para el COVID-19, son uno de los sectores más comprometidos por los efectos que tendrá a mediano y largo plazo en su bienestar y desarrollo.
Esto genera alerta principalmente en relación a los menores que viven en contextos de vulnerabilidad, atravesados por una serie de problemáticas preexistentes que se agudizaron con esta crisis. En nuestro país, según el último informe publicado por el INDEC en 2019 la pobreza infantil “precoronavirus” alcanzaba al 53%. Según UNICEF esa cifra podría escalar al 59% a fines del 2020.
El aislamiento social fue, y aún sigue siendo, la principal barrera de contención del virus. Es por ello que a lo largo de todo el mundo se decretaron cuarentenas más o menos estrictas. En el caso de Argentina, los datos luego de más de 2 meses y medio días arrojan un diagnóstico positivo en la proyección que ha tenido el virus.
En este sentido, el gran debate que se impone en relación a la niñez, es cómo seguir trabajando para preservar su bienestar en un contexto de emergencia sanitaria. La pandemia puso al descubierto un estado previo de vulneración de derechos fundamentales de la infancia que en este contexto corre el riesgo de profundizarse.
La separación de familiares y amigos, la ruptura de sus rutinas cotidianas, el cierre físico de los centros de primera infancia, jardines y colegios, la convivencia en entornos que pueden ser de riesgo, son algunas de las transformaciones que han sufrido sus entornos de crecimiento, desarrollo y aprendizaje.
A eso se suma, en el caso de los menores que viven en contextos de pobreza, otras problemáticas estructurales que se profundizaron por la pandemia: la pérdida de ingresos en muchos hogares por la imposibilidad de trabajar, la falta de acceso a servicios básicos, la dificultad para continuar con sus estudios por no tener acceso a conexiones de internet o computadoras, aparecen como los más visibles, entre otros. En este sentido, uno de los puntos más críticos de la pandemia está focalizado en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se concentran más del 22% de los contagios del país, con una población en la que el 43% de los habitantes son menores de 17 años.
Sobre estas cuestiones es necesario traer luz para redoblar los esfuerzos en la protección hacia los niños, niñas y adolescentes, con el fin de preservarlos de las consecuencias que tendrá la crisis sanitaria sobre su futuro.
Condiciones socioeconómicas
Según un informe elaborado por UNICEF para evaluar los efectos del COVID-19 sobre las situaciones de pobreza y desigualdad de niñas, niños y adolescentes en Argentina, la crisis provocada por la pandemia podría aumentar 6 puntos el índice de pobreza infantil para fin de año. El informe indica que las familias que están en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad son “hogares con jefatura femenina, hogares monoparentales liderados por mujeres o extendidos, con un bajo clima educativo, o cuyos padres tienen una relación laboral precaria o informal”. En este sentido, se pone de manifiesto un gran porcentaje de personas insertas en el mercado laboral de manera informal, a través de trabajos independientes, “changas”, o emprendimientos de la economía popular, que se vieron imposibilitadas de seguir trabajando y preservar sus fuentes de ingreso.
Otro factor que determina la situación de desigualdad y vulnerabilidad en la niñez, es la ubicación de las viviendas. El Registro Nacional de Barrios Populares de la Argentina (ReNaBaP), indica que 4,2 millones de personas viven en villas. De acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), el 43% de los habitantes en estos lugares son menores de edad. Un dato alarmante, es la falta de servicios básicos que afecta a estos barrios: de acuerdo con UNICEF, cerca del 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal y el 99% no accede a la red formal de gas natural.
Otro dato que preocupa es el fuerte aumento de la demanda de alimentos en los últimos meses, tal como manifestaron lo comedores comunitarios, merenderos, ONGs, iglesias y demás espacios de contención. Según el Banco de Alimentos, se registró una suba del 66% de la demanda en relación a los datos previos a la pandemia. Solo el 30% de las diferentes organizaciones sociales pueden dar respuesta al aumento.
Educación
La suspensión de las clases presenciales en todos sus niveles con el objetivo de prevenir el esparcimiento del virus, trajo el desafío repentino de transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Pese a los esfuerzos de las autoridades oficiales para asegurar el dictado de clases en forma remota, y la dedicación de los docentes y educadores que crearon alternativas para mantenerse cerca y asegurar los procesos educativos a distancia, la situación pone de manifiesto el gran porcentaje de niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a conexiones de internet y a computadoras para poder continuar con sus estudios.
Según el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, el 48,7% de los niños en edad escolar no tiene computadora, y el 47,1% no cuenta con conexión a wifi en su casa. A su vez, según el ENACOM el 54% de las conexiones nacionales tiene una velocidad menor a 20 Mbps, la velocidad mínima necesaria para realizar actividades sincrónicas como videollamadas, actividades en línea, etc.
Salud y bienestar
El Comité de Derechos del Niño de la ONU alertó sobre “los graves efectos físicos, emocionales y psicológicos que la pandemia puede tener sobre los niños y niñas, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad”. En este sentido el ODSA advierte sobre la desigualdad en las probabilidades de preservar la salud de los menores ante la necesidad de atención médica, ya que el 55,8% depende del sector estatal de salud, que en esta emergencia puede llegar a tener un aumento considerable en la demanda de atención.
En cuanto a la salud mental de las infancias, los especialistas recomiendan poner especial foco sobre el posible aumento de casos de depresión, ansiedad y estrés en los menores como consecuencia de la pandemia y las medidas de aislamiento.
No violencia
“Los factores de riesgo de la violencia, la explotación y el abuso están aumentando para los niños que viven en entornos donde se han restringido los desplazamientos y en situaciones de declive socioeconómico”, dice un informe de UNICEF, haciendo referencia no solo Argentina sino a todo el mundo.
Para muchos niños, niñas y adolescentes, la situación de aislamiento implica un riesgo extra en entornos con riesgo de maltrato o abuso, ya que aumentan las posibilidades de sufrir violencia verbal, física o sexual por parte de sus adultos referentes o cuidadores. Cabe mencionar las cifras que indican que la mayoría de los abusos en la infancia son intrafamiliares: un informe publicado recientemente por el Ministerio Público Tutelar advierte que el 70% de los abusos se comete en los propios hogares.
En este marco, es fundamental, garantizar redes de apoyo social para los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el contacto con las escuelas, profesionales y demás actores de contención.
Para quienes trabajamos en pos de la protección de los derechos de la infancia, en la promoción de su bienestar psicosocial y su desarrollo, son tiempos en los que, más que nunca, es necesario redoblar el compromiso y el esfuerzo, con el objetivo de reducir el impacto de la crisis sanitaria global sobre su futuro. En un tiempo como el que vivimos, más que nunca, es responsabilidad de todos colaborar al pleno cumplimiento de los derechos de la infancia.
